La guerra del PRI contra el pueblo de México

(2 de agosto de 2012)

El PRI nació en 1946, a partir del Partido de la Revolución Mexicana. Se ha dicho que durante su prolongado mandato el país vivió en paz y estabilidad. Sin embargo, esa paz solo existía en los medios de comunicación férreamente controlados por el Estado y estaba sustentada en la represión permanente. Aquí mostramos solo unos botones de la “paz priísta”, año con año.

1947. El gobierno inició la ofensiva contra los sindicatos para convertirlos en apéndices corporativos del poder público, purgando la CTM y los sindicatos nacionales de industria de los dirigentes auténticos, con la colaboración del secretario general de la Central Obrera, Fidel Velázquez. Las purgas se hicieron a través de amenazas a los trabajadores, fraudes electorales, ofensiva mediática y encarcelamiento de dirigentes.
1948. El presidente ordenó la intervención violenta de las instalaciones del Sindicato Ferrocarrilero y el encarcelamiento a sus dirigentes, Valentín Campa y Luis Gómez Z., para imponer a un dirigente sindical a modo, “el charro” Díaz de León, convirtiendo el término que define al noble jinete nacional en sinónimo de dirigente sindical al servicio del gobierno y de espaldas a los trabajadores.

1949. Varios sindicatos y organizaciones campesinas fundan la Unión General de Obreros y Campesinos de México, para romper el monopolio que el PRI pretendía ejercer sobre las organizaciones de masas. El gobierno respondió con ataques a los sindicatos, destitución de dirigentes y encarcelamiento de Ramón Danzós Palomino, Jacinto López y otros organizadores sociales.

1950. El gobierno destruye los sindicatos y uniones de trabajadoras domésticas, por no considerarlas trabajadoras.

1951. Los mineros huelguistas de la cuenca carbonífera de Coahuila realizan la Marcha del hambre, contra el desconocimiento de su huelga y de su sindicato por parte del gobierno, que los dejó a merced de la voracidad de los empresarios, haciéndose comunes los accidentes mortales en minas cuyos dueños medraban sin freno. La caminata, de Nueva Rosita a la ciudad de México, fue ignorada primero y reprimida después por el gobierno.

1952. La campaña presidencial del opositor Miguel Henríquez Guzmán es sistemáticamente golpeada por el gobierno. Es incalculable el número de detenciones arbitrarias y amenazas que se produjeron en vísperas de un fraude electoral descarado. Los seguidores del general Henríquez protestaron contra el fraude en la Alameda central, siendo reprimidos por la policía con saldo de siete muertos, ochenta heridos y más de 500 detenidos.

1953. Después de haber ignorado por décadas las movilizaciones de las organizaciones feministas, el gobierno anuncia, con 40 años de retraso, la graciosa concesión del derecho de voto a la mujer.

1954. El Sábado de Gloria, el gobierno anunció una devaluación del peso frente al dólar que se reflejó en el poder adquisitivo de los trabajadores y el crecimiento de los índices de pobreza.

1955. Los oficiales del ejército Mario Ballesteros Prieto y Manuel Díaz Escobar, ayudantes militares del embajador de México en Washington, se gradúan con honores, en Washington, de sus cursos de defensa hemisférica y contención de la subversión. Desde entonces, serían pieza clave en el uso del ejército contra los movimientos sociales.

1956. Los internados del Instituto Politécnico Nacional fueron desalojados a punta de bayoneta. Se cerró el internado, que era vital para los estudiantes provenientes de sectores populares de la provincia, y no se volvió a abrir jamás. También se cerraron otras casas de estudiantes en provincia. Fue encarcelado Nicandro Mendoza, dirigente de la federación nacional de Estudiantes Técnicos.

1957. Asume el gobierno de Guerrero el general Raúl Caballero Aburto, quien desde el primer año de su gobierno ordenó la prisión de opositores y el asesinato de dirigentes comunitarios opuestos a la corrupción de su gobierno.

1958. El Movimiento Revolucionario del Magisterio, encabezado por el profesor Othón Salazar, inició una serie de movilizaciones para democratizar el sindicato y por aumento salarial, pues los salarios reales se habían deteriorado considerablemente tras la reciente devaluación del peso. El gobierno reprimió violentamente las manifestaciones y encarceló al profesor Salazar.

1959. El Ejército ocupa las instalaciones del Sindicato Ferrocarrilero, encarcelando a 3,000 trabajadores que luchaban por sus derechos y dejando a 9,000 sin empleo. El secretario general del sindicato, Demetrio Vallejo, y otro dirigente, Valentín Campa, permanecieron más de once años en la cárcel, acusados de delitos inexistentes o inflados, aunados al famoso y anticonstitucional delito de “disolución social”.

1960. El gobernador de Guerrero inicia la represión violenta contra la Unión Cívica Guerrerense, fundada el año anterior para oponerse al despotismo gubernamental y al asesinato de medio millar de disidentes solamente entre 1957 y 1960. El dirigente visible de los cívicos, profesor Genaro Vázquez Rojas, sería, a la postre, arrojado a la clandestinidad por la represión gubernamental.

1961. Se funda el Movimiento de Liberación Nacional con el propósito de unificar a la izquierda nacionalista contra las políticas entreguistas del gobierno. De inmediato empiezan las presiones y ataques abiertos contra sus dirigentes.

1962. Un destacamento del Ejército, por órdenes del presidente de la República, sacó de su casa, en Tlaquiltenango, Morelos, al dirigente campesino Rubén Jaramillo, a su esposa Epifania, que estaba encinta, y a sus pequeños hijos Enrique, Filemón y Ricardo. Dos horas después la familia fue acribillada en las cercanías de las ruinas de Xochicalco, consumándose así un atroz crimen de Estado contra un hombre que había luchado por los derechos campesinos desde tiempos de Zapata –en cuyas filas llegó a coronel- y contra niños y mujeres.

1963. El doctor Salvador Nava Martínez, a quien un movimiento social había llevado a la presidencia municipal de San Luis Potosí venciendo al candidato priísta respaldado por el cacique estatal Gonzalo N. Santos, fue arrestado y torturado por órdenes del gobernador del estado, luego de una lucha democratizadora que ya había tenido un saldo de varios asesinatos políticos. El doctor Nava, torturado y amenazado, se retiró por dos décadas de la vida política. Regresaría.

1964. Los médicos residentes e internistas del Hospital 20 de noviembre, del ISSSTE, exigieron que les pagaran salarios atrasados y en respuesta fueron despedidos 206 de ellos. De inmediato, se formó una asociación que realizó paros en diversos hospitales hasta que el presidente de la República prometió estudiar sus peticiones. Sus promesas fueron falsas y al año siguiente reinició un movimiento que terminó con la entrada de la policía a tres hospitales, el secuestro de enfermeras, el despido de cientos de médicos y el encarcelamiento de docenas de dirigentes.

1965. El 23 de septiembre, después de años de luchas agrarias en que sólo habían recibido como respuesta la indiferencia del gobierno y el asesinato de varios dirigentes, un grupo de jóvenes asaltaron el cuartel militar de Ciudad Madera, Chihuahua, con la intención de iniciar la transformación revolucionaria del país, ante un gobierno que cerraba las vías pacíficas. Ocho guerrilleros cayeron muertos, entre ellos los dirigentes del grupo, el profesor Arturo Gámiz y el doctor Pablo Gómez Ramírez.

1966. Fuerzas policiacas interrumpieron en Morelia una manifestación estudiantil contra el alza de las tarifas del transporte público, detuvieron a varios estudiantes y mataron a uno más. Durante la semana siguiente, la capital michoacana fue escenario de protestas estudiantiles que terminaron con la intervención del ejército y el encarcelamiento de los dirigentes estudiantiles.

1967. Ochocientos campesinos productores de copra, que pretendían salirse del PRI para construir una organización campesina democrática que les permitiera romper con los intermediarios vinculados al gobierno del estado, que los mantenían en la miseria, fueron recibidos a tiros en Acapulco por la policía y matones a sueldo de la Confederación Nacional Campesina, con un saldo nunca determinado, cercano a los 80 muertos.

1968. El 2 de octubre, fuerzas del Ejército mexicano abrieron fuego contra una mitin estudiantil pacífico, matando a más de trescientos jóvenes. El asesino intelectual fue un presidente incapaz de comprender de comprender las demandas de apertura democrática que enarbolaban los estudiantes, y que veía conspiradores y criminales por todos lados.. Cuando el 2 de octubre el ejército abrió fuego, provocado por paramilitares sospechosamente cercanos a los círculos del poder, no sólo mató a unos cientos de estudiantes, también abrió una larga crisis del sistema político mexicano.

1969. El presidente ordena la ocupación militar de varias Normales Rurales y la expulsión de numerosos de sus alumnos, así como el arresto de algunos dirigentes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que se suman a los cientos de presos políticos del año anterior, a los dirigentes ferrocarrileros encarcelados en 1958, al pintor David Alfaro Siqueiros y al historiador Afolfo Gilly y sus compañeros, presos desde 1965.

1970. El opaco y contradictorio Secretario de Gobernación, corresponsable de la matanza de Tlatelolco, es convertido por el tradicional dedazo y la onerosa gira presidencial, en un nuevo presidente cuyas decisiones en materia económica sumirán al país en una crisis prolongada. El nuevo presidente se estrena ordenando el secuestro del padre del comandante Genaro Vázquez Rojas (que incluso era priísta y rechazaba las acciones de su famoso hijo) y 50 campesinos más, parientes o amigos de los rebeldes.

1971. El 10 de junio fue violentamente reprimida una marcha estudiantil por un grupo paramilitar llamado Los Halcones. Los estudiantes, que creyeron en las ofertas de apertura del gobierno, salieron a las calles para volver a sentir suyas las calles, luego de tres años de la matanza de Tlatelolco. No ha sido posible determinar el número de muertos, aunque se habla de números que van de la media docena hasta treinta; ni el de los incontables heridos y golpeados.

1972. En la ciudad de Chihuahua murieron en combate contra las fuerzas del gobierno los guerrilleros Avelina Gallegos y “Oscar”, y cayeron presos Diego Lucero y otros dos guerrilleros, que en lugar de ser presentados a las autoridades judiciales, fueron torturados y asesinados bajo la supervisión de fuerzas dependientes de la secretaría de Gobernación, a las órdenes de Miguel Nazar Haro y Luis de la Barreda.

1973. Pistoleros al servicio del gobernador de Puebla asesinaron en la puerta de su domicilio al ingeniero Enrique Cabrera, exmilitante del Movimiento de Liberación Nacional y asesor de organizaciones campesinas de la sierra de Puebla.

1974. En El Paraíso, Gro., murió combatiendo al ejército nacional el profesor Lucio Cabañas Barrientos, luchador social al que la intransigencia y la represión gubernamental convirtió en el más importante comandante guerrillero de la segunda mitad del siglo XX (Cabañas decidió tomar las armas tras una masacre de campesinos en Atoyac, en 1967). Ese mismo año fue asesinado en Mérida, por órdenes del gobierno de Yucatán, el dirigente estudiantil y obrero Efraín Calderón Lara, “Charras”.

1975. Durante cuatro meses, más de 600 trabajadores sostuvieron una huelga contra la empresa Spicer. En esa huelga aparecieron todos los elementos represivos que el gobierno solía usar contra los obreros que intentaban romper el corporativismo priísta, representado en este caso por el líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Sada: amenazas físicas, despidos, uso de esquiroles, parcialidad total de las autoridades laborales y, finalmente, represión violenta que. En ese año, hubo más de 50 huelgas que, entre otras cosas, buscaban la creación de sindicatos independientes del control priísta.

1976. El gobierno orquesta un golpe contra el diario Excélsior, que bajo la dirección de Julio Scherer había roto el control omnímodo del régimen sobre los medios de comunicación, informando verazmente sobre la realidad nacional. El gobierno impulsó entonces a un grupo de periodistas corruptos que con violencia y la complicidad de las autoridades, expulsaron a los periodistas que habían hecho de aquel diario un medio excepcional.

1977. Rosario Ibarra de Piedra funda el Comité Eureka luego de buscar durante tres años, sin resultados, a su hijo Jesús, desaparecido por las fuerzas del gobierno tras un operativo contra guerrilleros. Durante su peregrinar, doña Rosario encontró a cientos de madres, esposas y hermanas de hombres a los que el gobierno había desaparecido, que nunca fueron presentados a las autoridades judiciales, seguramente torturados, privados de la libertad sin juicio ni poder ver a sus parientes, quizá, alguno de ellos, asesinado. El Comité Eureka tiene los expedientes de 557 desaparecidos políticos entre 1969 y 2000.

1978. Ochenta y cuatro madres de desaparecidos políticos, pertenecientes al Comité Eureka, realizan una huelga de hambre exigiendo la presentación con vida de sus hijos. El Secretario de Gobernación, con amenazas, las obliga a levantar la huelga. Esta acción inicia las denuncias contra la forma ilegal y sangrienta con la que el gobierno enfrentaba a los guerrilleros, que se ha llamado “Guerra Sucia”.

1979. Movimientos indígenas y campesinos que en todo el país se habían organizado contra abusos de caciques y en defensa de la tierra, fundan la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, que centró su lucha en la defensa de la tierra y los recursos forestales de las comunidades indígenas. Su aparición fue saludada en Chiapas, Michoacán y Oaxaca con el asesinato de varios dirigentes comunitarios por pistoleros al servicio de los caciques priístas.

1980. En el marco de la fundación de la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, la Asociación de Colonos de San Miguel Teotongo, en Iztapalapa, inmensa ciudad perdida de 45,000 habitantes , cercada por los caciques priístas que contralaban el único acceso del transporte público y el servicio de pipas de agua potable, triunfan en su larga lucha Iniciada en 1974) por la regularización de la tierra y los servicios elementales. Lo que sigue, dicen, es la generalización de dichos servicios al resto de los barrios de precaristas… y la escuela.

1981. El profesor Misael Núñez Acosta, fundador de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, fue asesinado por matones a sueldo de la lideresa de la sección 36 del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales, quien, con ello, hizo méritos en el escalafón del corporativismo priísta en una ruta que ocho años después la llevaría a la dirección nacional del sindicato.

1982. Los trabajadores de la refresquera Pascual-Boing se declaran en huelga ante los abusos patronales. Las autoridades toman partido abierta y descaradamente por la patronal y permiten la actuación de pistoleros a sueldo que asesinaron a dos obreros huelguistas e hirieron de bala a otros 17.

1983. La Asamblea Nacional Obrera Campesina y Popular convoca a un paro cívico nacional contra la política económica del régimen, que castiga a las clases trabajadoras. La represión gubernamental golpeó a los dirigentes de numerosos sindicatos y organizaciones, buscando eliminar el sentido de la protesta social.

1984. La Coordinadora Nacional Plan de Ayala y la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular realizan una marcha masiva que llena el Zócalo de la capital, mostrando la fuerza de los trabajadores opuestos al sistema. La respuesta a las demandas sociales: golpes y silencio.

1985. El terremoto que estremece al corazón de la República, saca a la luz la miseria y le mediocridad de un gobierno que da la espalda a un pueblo que se solidariza, que se desvive por sus hermanos. Un poderoso movimiento social surge de la solidaridad del pueblo y en contra de la soberbia y la incapacidad del gobierno.

1986. El gobierno realiza un enésimo fraude electoral local, esta vez contra los candidatos del PAN al gobierno de Chihuahua, Francisco Barrio, y de Sinaloa, Manuel J. Clouthier. Esta vez, los panistas decidieron no someterse al fraude e iniciaron un movimiento de Resistencia Civil que bloqueó los puentes internacionales de Ciudad Juárez, tomó bancos, cerró carreteras, como único medio de presión que les dejaban –dijeron- unas autoridades que habían cerrado la posibilidad de un cambio político en las urnas.

1987. El rector de la Universidad Nacional, distinguido jurista que en el siguiente gobierno sería Procurador general de la República y Secretario de Gobernación, intentó aumentar las cuotas de los estudiantes y otras reformas que agraviaban a la comunidad universitaria. De inmediato se movilizaron los estudiantes, que se declararon en huelga contra los intentos del rector y lograron detener las reformas antipopulares: no se quedaron ahí los jóvenes del Consejo Estudiantil Universitario, sino que conectaron de inmediato sus movilizaciones con las de la gente que había perdido sus casas en el sismo del 85, a quienes el gobierno no había ofrecido ninguna solución a sus problemas.

1988. Luego del fraude más descarado y monumental de toda la época priísta, que arrebató la presidencia de la República al candidato opositor, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el gobierno inició el asesinato selectivo de cuadros medios del movimiento cardenista, iniciando en 1988 con los de Francisco Javier Ovando y Román Gil, y que continuaría en el siguiente sexenio con el de cerca de 500 cuadros del Partido de la Revolución democrática, fundado en mayo de 1989 sobre la gran movilización de masas de 1988.

1989. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación estalla la más exitosa de sus movilizaciones nacionales, por la democratización de la estructura sindical y aumento salarial de emergencia –luego de que en el sexenio anterior, la inflación galopante había reducido los salarios a la nada-. Las movilizaciones y paros fueron acompañados de amenazas, secuestros de dirigentes y, finalmente, con la imposición militar –por órdenes del presidente, tropas federales forzaron la imposición- de una nueva lideresa nacional, dispuesta a cualquier vileza con tal de mantener el férreo control del gremio: Elba Esther Gordillo Morales.

1990. El gobierno de la República vende Teléfonos de México, en condiciones ventajosísimas, al empresario Carlos Slim, que gracias a ese hecho se convierte instantáneamente en uno de los hombres más ricos del mundo. En ese mismo sexenio se vendieron en condiciones parecidas las instituciones del sistema nacional bancario, Imevisión (que se convirtió en Televisión Azteca) y se solaparon numerosos fraudes empresariales, construyéndose un grupo de empresarios obscenamente ricos en un país de pobres.

1991. Javier García Paniagua renuncia a la jefatura de la Policía del Distrito Federal y fue nombrado director de la Lotería nacional. Así recompensaba el PRI a los represores de la “Guerra Sucia”: García Paniagua y el entonces diputado federal priísta Miguel Nazar Haro, habían sido públicamente señalados como torturadores y asesinos de disidentes en los años setenta y acusado de proteger a los carteles de narcotraficantes de drogas junto con el exjefe policiaco del DF y favorito del presidente López portillo, Arturo Durazo Moreno.

1992. Quince mil indígenas marchan en las calles de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en repudio a la conmemoración oficial del quinto centenario del “encuentro de dos mundos”. En la marcha muestran la potencia de la organización indígena y campesina y la represión y contención sistemáticas que el gobierno ejercía contra las organizaciones indígenas de todo el país. Entre las acciones denunciadas estaban las de ese mismo año en Chenalho, donde un dirigente indígena fue asesinado por pistoleros de los caciques y la policía había encarcelado a quienes protestaron por el hecho en san Cristóbal.

1993. Los obreros de la empresa Sosa Texcoco estallan una huelga en defensa de sus derechos y por seguridad industrial. Durante seis años las autoridades laborales prolongaron arbitrariamente el conflicto, confiando vencerlo por hambre, hasta que finalmente fallaron en favor de los obreros cuando la empresa estaba irremediablemente perdida. Esa era la estrategia típica del gobierno priísta frente a demandas laborales legítimas.

1994. Aparece en escena el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, respuesta de los campesinos indígenas de Chiapas contra la opresión y la represión sistemáticas, denunciadas durante mucho tiempo y particularmente, en la marcha de octubre de 1992. Desde entonces, las bases de apoyo del EZLN han sufrido el cerco y la represión sistemáticas por parte del gobierno y no ha habido un año sin zapatistas asesinados por paramilitares o fuerzas del gobierno: solamente los días 3 y 4 de enero de 1994 fueron ejecutados extraoficialmente más de 30 insurgentes que habían sido capturados por el Ejército nacional.

1995. Agentes de la policía estatal de Guerrero masacraron, en el vado de Aguas Blancas, municipio de Atoyac de Álvarez, Gro., a 17 campesinos desarmados que se dirigían a un mítin convocado por la Organización Campesina de la Sierra del Sur.

1996. En el primer aniversario de la masacre de Aguas Blancas aparece en público el Ejército Popular Revolucionario, iniciando una guerra contra el gobierno que ha sido sistemáticamente ocultada por las autoridades.

1997. Un grupo de paramilitares vinculados al PRI y al gobierno de Chiapas, asesinaron a mansalva a indígenas de la organización pacífica Las Abejas, que oraban en el interior de la pequeña iglesia de Acteal. El resultado, 16 niñas, niños y adolescentes; 20 mujeres, algunas embarazadas; y nueve varones adultos muertos. El resultado: el silencio oficial y la impunidad de los asesinos.

1998. En El Charco, municipio de Atoyac de Álvarez, Gro., elementos del ejército nacional a las órdenes del general Alfredo Oropeza García, abrieron fuego contra un grupo de campesinos indígenas que dormían en la escuela de la comunidad, tras una asamblea en que se discutieron proyectos productivos alternativos. Murieron 11 campesinos, resultaron heridos cinco más y otros 22 fueron llevados presos al cercano campo militar.

1999. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional promueve una consulta nacional sobre la Ley de Derechos y Cultura Indígenas que tiene enorme eco en la sociedad, a resultas de lo cual, en el mes de agosto el gobierno rompe la tregua e intenta por tercera vez exterminar militarmente a los rebeldes.

2000. Incapaz de negociar políticamente con un grupo radical que se había adueñado de la huelga universitaria estallada el año anterior, contra otro intento de la autoridad universitaria por subir las cuotas, la Policía Federal Preventiva ingresa a la Ciudad Universitaria y otras instalaciones de la UNAM, deteniendo y encarcelando a más de 700 estudiantes.

Ese año el PRI perdió la presidencia de la República,

pero ¿cambió el sistema, cambió el PRI?

(se nos dispensará que perdamos la cadencia anual, pero el PRI no tenía el gobierno federal en sus manos)

2001. Fue asesinada en circunstancias misteriosas la abogada Digna Ochoa y Plácido, defensora de Derechos Humanos que había sido sistemáticamente amenazada de muerte y secuestrada durante el sexenio de Ernesto Zedillo, pues desde 1996 llevaba los casos de los zapatistas presos en diversas cárceles de Chiapas y Veracruz.

2004. Un fraude electoral impone como gobernador de Oaxaca al priísta Ulises Ruiz Ortiz, quien durante todo su gobierno se caracterizó por la intransigencia y la mano dura para enfrentar la oposición y la movilización social. Esa actitud alcanzó un punto álgido durante el año 2006, cuando las fuerzas policiacas estatales y federales provocaron la muerte, en diversas acciones represivas, de más de veinte activistas de la sección 22 de la Coordinadora nacional de Trabajadores de la Educación y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.

2005. Lydia Cacho, defensora de los derechos de las mujeres y las niñas en Cancún, publica Los demonios del Edén, libro donde documenta las redes de esclavitud sexual infantil manejadas por empresarios como Kamel Nacif y jean Succa Kuri, de la que son beneficiarios políticos priístas como Miguel Ángel Yunes y Emilio Gamboa Patrón. Al año siguiente sale a la luz pública una llamada telefónica entre el gobernador de Puebla, el priísta Mario Marín, y el empresario Kamel Naciff, que muestra cómo el “gober precioso” (como lo llamó Nacif) usó a la policía del estado para secuestrar y torturar a Lydia Cacho.

2006. El gobernador priísta del estado de México, Enrique Peña Nieto, envía a la policía a reprimir violentamente a los campesinos de san salvador Atenco y los militantes de “la otra campaña” del EZLN, dejando como resultado dos muertos, 207 detenidos, 146 detenciones arbitrarias y la vejación y abuso sexual de 26 mujeres. Durante su campaña presidencial en 2012, Peña Nieto manifestó que esa acción había sido correcta. Los asesinos y los violadores siguen impunes.

2010. Paramilitares priístas asesinan a la dirigente comunitaria Alberta Cariño y al activista finlandés Jyrii Jaakkola en San Juan Copala, Oaxaca. Era gobernador del estado el priísta Ulises Ruiz.

Ese mismo año, fue extraditado a los Estados Unidos el exgobernador priísta de Quintana Roo, Mario Villanueva Madreid, tras demostrarse jurídicamente sius nexos con el narcotráfico.

2012. La compra de votos, el cohecho y la amenaza contribuyen a elevar a la presidencia al priísta Enrique peña Nieto, aún impune de los crímenes de Atenco.

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